México dio un nuevo paso para integrar la sostenibilidad en el centro de su política financiera. Con la publicación del Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualiza el esquema que lanzó en 2020 —cuando el país emitió el primer bono soberano vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)— y lo amplía hacia un modelo más robusto, que articula presupuesto público, instrumentos financieros, taxonomía sostenible y mecanismos de reporte.
El documento establece cómo el gobierno federal podrá captar y asignar recursos a proyectos con impacto ambiental y social, alineados con la Agenda 2030, el Acuerdo de París y el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030.
De bonos ODS a un sistema financiero sostenible
La principal diferencia frente al marco anterior es el alcance. México deja de hablar solo de bonos ODS y abre la puerta a un abanico más amplio de instrumentos de financiamiento sostenible, que incluyen bonos y préstamos verdes, sociales, azules y temáticos, como transición energética, biodiversidad, adaptación y resiliencia climática.
Todos estos instrumentos estarán vinculados a Gastos Sostenibles Elegibles del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que permite rastrear el uso de los recursos y reforzar la transparencia.
Finanzas para cerrar la brecha de desarrollo
El marco se apoya en la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible, que reconoce una brecha relevante para cumplir los ODS en México. De acuerdo con el documento, entre 2023 y 2030 será necesario movilizar alrededor de 1.7 billones de pesos anuales, combinando recursos públicos y privados.
Para lograrlo, la estrategia se organiza en tres ejes: gestión financiera pública sostenible, movilización de capital y acciones transversales, con énfasis en inclusión, fortalecimiento de capacidades y soluciones basadas en la naturaleza.
La taxonomía, como referencia técnica
Uno de los elementos centrales del nuevo marco es la Taxonomía Sostenible de México, publicada en 2023. La taxonomía define qué actividades económicas pueden considerarse sostenibles y establece criterios técnicos para evaluarlas.
Incluye 124 actividades en sectores como agricultura, energía, transporte, manufactura, construcción y gestión de residuos, y destaca por incorporar objetivos sociales y de igualdad de género como criterios transversales, un enfoque poco común a nivel internacional.
Clima, biodiversidad e inclusión social
El documento refuerza los compromisos climáticos del país, incluida la meta de reducir 35% las emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2030 y avanzar hacia la neutralidad de carbono a mitad de siglo. También integra de forma explícita la biodiversidad, en línea con la meta global de conservar 30% del territorio terrestre y marino para 2030.
En el plano social, el marco prioriza a poblaciones vulnerables, comunidades indígenas y afromexicanas, regiones con rezagos de desarrollo, así como a PYMES y sectores sensibles al cambio climático, incorporando criterios geográficos para dirigir los recursos donde el impacto puede ser mayor.
Reporte y estándares internacionales
El marco establece compromisos de reporte anual de asignación e impacto, alineados con estándares internacionales de mercados de capitales y divulgación de sostenibilidad. A partir de 2026, estos criterios también se verán reforzados por nuevas disposiciones regulatorias en el sistema financiero mexicano.
En conjunto, el Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible 2026 busca consolidar un enfoque más ordenado y medible del financiamiento sostenible, en el que la sostenibilidad deja de ser un instrumento aislado y se integra como parte estructural de la política económica del país.